Agencias
Boca del Río
Una crisis de servicios hídricos se perfila en el municipio de San Andrés Tuxtla, ante el riesgo inminente de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) retenga fondos federales o limite las concesiones de extracción, como consecuencia de un adeudo histórico que asciende a 19 millones de pesos, advirtió el diputado local, Rafael Fararoni Magaña.
El integrante del Grupo Legislativo de Morena, precisó que el pasivo acumulado corresponde al concepto de «Aguas nacionales y descargas» y se generó durante dos administraciones municipales consecutivas, las cuales, según los informes, decidieron ignorar la obligación de pago con la dependencia federal.
Apuntó que las administraciones señaladas por la omisión del pago son la del exalcalde Octavio Pérez Garay y la actual, encabezada por María Elena Solana Calzada, conocida como Dra. Remedios. Durante estos periodos, la deuda creció hasta volverse impagable para el organismo operador local.
Asimismo, dijo que de forma paralela al incremento de la deuda, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAPS) de San Andrés Tuxtla experimentó un crecimiento desmedido en sus gastos internos, de acuerdo con revelaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).
Detalló el legislador local que el ente fiscalizador detalla que, entre 2022 y 2024, la nómina de la CMAPS creció un 19 por ciento, mientras que los costos operativos se dispararon en casi un 50 por ciento. Estos incrementos han sido justificados bajo conceptos de «horas extras» y otros gastos inmersos en la opacidad.
Esta situación contrasta directamente con la realidad del servicio, pues mientras el costo para los usuarios ha aumentado en los últimos años, el reclamo generalizado de la población es que la distribución de agua potable en la ciudad continúa siendo deficiente e irregular.
Por ello, consideró que el panorama se torna crítico, ya que las omisiones administrativas han colocado al municipio en una posición vulnerable.
Si la CONAGUA ejecuta las sanciones correspondientes, podría retener participaciones federales o limitar las concesiones de extracción y descarga, lo que recaerá directamente en la falta de agua potable y fallas graves en el saneamiento para los habitantes.
