*Señalan imposiciones y manejo discrecional de recursos que salpican a operadores de MORENA en Veracruz
Gráfico Tuxtlas
Los Tuxtlas
Lo que debía ser un programa para dignificar escuelas hoy está bajo la lupa. Padres de familia de distintos planteles en la región de Los Tuxtlas denunciaron presuntas irregularidades en la aplicación de recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, señalando condicionamientos y posibles desvíos que ya comienzan a generar indignación social.
De acuerdo con testimonios recabados, los comités escolares reciben montos cercanos a 600 mil pesos, sin embargo, acusan que dichos recursos estarían siendo direccionados para beneficiar a personas cercanas a operadores regionales, quienes incluso serían presentados como “ingenieros” para ejecutar obras, pese a que —afirman— no forman parte de procesos transparentes ni de licitaciones.
Las acusaciones también apuntan a una supuesta cadena de mando política, en la que señalan al delegado estatal de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, por presuntamente haber designado como delegado regional en Los Tuxtlas a Jesús Córdoba Salas, a quien responsabilizan de operar estas prácticas.
Padres inconformes advierten que existe presión indirecta sobre los comités escolares, lo que pone en entredicho la autonomía que el propio programa presume, al tiempo que cuestionan la falta de supervisión real en la ejecución de los recursos públicos.
“Se supone que el dinero es para las escuelas, pero nos quieren imponer a quién contratar y cómo usarlo”, denunció uno de los representantes, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
El caso revive viejas prácticas que el propio movimiento político en el poder prometió erradicar. Bajo el lema “No mentir, no robar y no traicionar”, hoy las denuncias ciudadanas contrastan con la realidad que, aseguran, se vive en territorio.
Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial por parte de la Secretaría de Bienestar en Veracruz respecto a estos señalamientos.
Mientras tanto, la exigencia crece: transparencia, auditorías y fin a cualquier intento de manipular recursos destinados a la educación.
